La procuradora General de la República, Raquel Caballero, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, encabezaron una reunión este jueves con representantes de otras instituciones como la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), para buscar mecanismos para atender a víctimas de desplazamientos forzados.
“Hay que establecer una hoja de ruta para el abordaje de desplazamientos forzados”, dijo la Procuradora.
Además de crear un mecanismo de respuesta para víctimas de éxodos, las instituciones discutieron la creación de un registro unificado de los casos de desplazamientos forzados.
El ministro de Justicia y Seguridad aseguró en la reunión que los casos de éxodos que se registraron en los municipios de Caluco y Panchimalco, están resueltos y que los delincuentes que amenazaban a estas personas, fueron capturados.
Según el Ministro, en los casos de desplazamientos forzados, la Policía Nacional civil (PNC) previene a los habitantes a que no dejen sus casas, pero las familias optan por marcharse por la seguridad de sus hijos.
Ramírez Landaverde recordó que en el Código Penal está incluido el delito de limitación de libertad de circulación, que se atribuye a quienes amenazan u obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Ministro Ramírez Landaverde dice que casos de éxodos en Caluco y Panchimalco están resueltos. pic.twitter.com/wqA25NgUvy
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) 3 de noviembre de 2016